El Plan de Acción de Viena de 1993 subrayó la necesidad de que la democracia, los derechos humanos y el desarrollo fueran entendidos como realidades interdependientes que se refuerzan mutuamente.
Muchos de los contextos de violación a los derechos humanos que subsisten en México al día de hoy, tales como el fenómeno de la migración, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el tema de la seguridad pública e, incluso, algunos casos concretos como Ciudad Juárez, Atenco o Oaxaca, pueden explicarse a partir de la falta de consolidación y de armonización entre democracia, derechos humanos y desarrollo.
Lo promoción y protección de los derechos humanos no puede ser visto como un tema marginal o secundario, tiene que servir de referente a la actividad del Estado en su conjunto e, incluso, servir de criterio para medir si las instituciones públicas están sirviendo de manera adecuada a las personas.
Al día de hoy en el aspecto normativo e institucional se han logrado sentar las bases mínimas para poder hacer realidad los derechos humanos. Por decirlo de alguna manera, aunque con algunas deficiencias que tienen que ser resueltas, el andamiaje jurídico mínimo para garantizar los derechos humanos de las personas ya está asentado. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para garantizar una efectiva protección de todos los derechos humanos para todas y todos los habitantes de México. Concretamente, la pobreza, la discriminación y la impunidad constituyen tres causas estructurales a partir de las cuales se generan en este país diversos contextos de violación a los derechos humanos.
Un vehículo indispensable para que las propias personas puedan superar por ellos mismos los contextos de pobreza en que se encuentran, son los derechos económicos, socales y culturales. En torno a estos derechos, en el país se han dado avances en ciertos indicadores concretos. Sin embargo, quedan aún grandes retos por afrontar como el de reducir y eliminar los obstáculos que ciertos grupos de la población encuentran para acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente mujeres, indígenas, adultos mayores, niños en situación de calle, migrantes, personas discapacitadas o jornaleros agrícolas.
Por otra parte, la discriminación también genera en México un importante número de contextos de violación a los derechos humanos que requieren ser atendidos de manera frontal. Algunos de ellos son: las violaciones al derecho al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas que viven en reclusión, la violencia que sufren las mujeres en diversos ámbitos de la vida pública y privada, el fenómeno de la migración, la trata de personas, la explotación infantil, las restricciones a la libertad de expresión y la obstaculización de la participación política para algunos grupos de la población.
Por último, en México subsiste la impunidad. Este fenómeno impide la vigencia del Estado de derecho y lleva a los ciudadanos a desconfiar tanto del desempeño de las instituciones, como de la efectividad de los sistemas de protección de los derechos humanos.
La problemática que enfrentan los derechos humanos en México tiene pues múltiples dimensiones. Por ello también la estrategia para garantizarlos debe ser integral y debe implicar a todas las autoridades del Estado en sus tres niveles, como a los diversos actores de la sociedad.
