México inicia el Siglo XXI en medio de un complejo proceso de transición democrática. Como en otros países de América Latina, las instituciones se han abierto al juego democrático y se han recuperado y ampliado derechos civiles, políticos y sociales. Asimismo, se observa un mayor apoyo a los valores de la democracia, más respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural y étnica. La ciudadanía está mejor protegida en sus derechos por el Estado y por una "fiscalización global" que informa, denuncia y censura las violaciones a estos derechos.
Sin embargo, México también vive las incertidumbres propias de una democracia. Los debates son álgidos pero los acuerdos escasos. Muchos actores políticos y sociales parecen más interesados en afirmar su voz que en fomentar el debate constructivo y las reformas que el país necesita. El propio andamiaje institucional de la democracia mexicana dificulta la generación de acuerdos entre poderes, niveles de gobierno y partidos políticos; y permite la influencia excesiva de grupos de presión organizados y poderosos. Al mismo tiempo, las instituciones aún no han abierto los espacios que requiere la ciudadanía para incidir en la formulación de políticas públicas y en el debate sobre el rumbo del país. Por último, las profundas desigualdades e inequidades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales se han convertido en el principal freno al avance de la propia democracia.
Lo anterior ha implicado una sensación de inefectividad política por parte de los ciudadanos, situaciones de parálisis y conflicto entre actores políticos, y una cierta incapacidad para generar los bienes públicos que demanda la sociedad. Hay evidencias de un desencanto con la democracia, entre otros factores, porque no se ha logrado una efectiva articulación y promoción de los intereses tanto colectivos como individuales en pos de un país más justo y próspero.
México enfrenta pues el enorme reto de responder a la espera de una ciudadanía cada vez más impaciente al tiempo que debe transformar la gran pluralidad del espectro político en acuerdos estables y aceptables para todos. Los partidos políticos han jugado y tienen aún que jugar un importante rol en este sentido. Pero no son los únicos: organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas privadas y, en general, la ciudadanía, tiene ante sí la tarea de hacer que la democracia dé cada vez mejores respuestas a los problemas que enfrentan las y los mexicanos.
El objetivo debería ser tender cada vez más hacia lo que se ha llamado una “democracia de ciudadanía”. Este concepto coloca a la ciudadanía como fundamento y sujeto de la democracia, modificando así la manera de concebirla y evaluarla. Abre una dimensión diferente de reflexión y de acción al plantear que el desarrollo de la democracia se mide por su capacidad para garantizar y expandir la ciudadanía en sus esferas civil, social, política y cultural, derechos que conforman un conjunto indivisible e interdependiente.
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