El desarrollo histórico de nuestro país has estado marcado por sus fases de desarrollo. Es decir, buena parte del país se entiende por la geografía de los centros mineros y de otras actividades de enclave como lo son la explotación agrícola y ganadera. Los principales corredores comerciales actuales tienden a seguir las trazas de las líneas de los ferrocarriles construidos a finales del siglo XIX. El crecimiento que se dio durante buena parte del siglo XX no fue suficiente para integrar nuevas rutas comerciales ni lograr una mayor integración entre las diversas regiones de país. Además, las crisis de finales del siglo XX nos dejaron una herencia muy visible: un enorme déficit en infraestructura de servicios, comunicaciones y equipamiento urbano en general.
Para que una región logre despegar económicamente es indispensable que, al menos, tenga vías de acceso más o menos adecuadas a su potencial de producción y crecimiento. Esto implica carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y lo necesario para su operación y mantenimiento. Generalmente, es el sector público quien se encarga de ello y las agentes productivos los que, al mediano plazo, generan el retorno de la inversión. Sin embargo, la orografía del país hace que, para muchas regiones, los costos de una infraestructura básica de acceso sean significativamente altos y poco eficientes. Lo anterior ha provocado importantes desconexiones de muchas regiones del país a los principales circuitos comerciales por lo que se han mantenido aisladas y su potencial rezagado.
Por otra parte, la infraestructura de servicios corresponde desarrollarla a los niveles locales de gobierno. Lo paradójico es que son estos niveles, particularmente el nivel municipal, los que cuentan con menos recursos para invertir. Los municipios no ejercen más del 7% del total del gasto público, del cual, un estudio del CIDE demostró que se destina el 50% a gasto corriente y sólo el 24% a gasto de inversión. Dicha situación ha provocado un fuerte rezago en los servicios más básicos.
Sólo para dar un ejemplo, la cobertura del servicio de agua potable –entendida como el porcentaje de hogares con toma de agua domiciliaria- es del 89% de la población y en el caso del alcantarillado es de sólo el 80%. Entre otras causas, el rezago ha sido resultado de una rápida y mal planeada urbanización del país en general. Como dato de referencia basta considerar que en 1960 la población total era de 34,923,129 habitantes mientras en 1990 la población alcanzó los 81,249,685, es decir un crecimiento de 254.5% en 30 años. Acompañado a este fenómeno se presenta una acelerada urbanización de la población pues, para 1950, el 57.4% de la población vivía en comunidades rurales mientras que para 1990 el 71.4% de la población habitaba ya en localidades urbanas. Esta situación trajo consigo un incremento importante de la demanda servicios urbanos justo en los momentos en los que el país atravesó por una fuerte crisis.
El reto ahora es encontrar las modalidades de inversión para que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno logren aterrizar en esquemas técnicos y financieros que permitan abatir el fuerte rezago en infraestructura básica. La visión que ha funcionado en otras latitudes es que no todos los recursos deben salir del gobierno, pero sí una buena parte de los impuestos se debe canalizar a proyectos que logren captar recursos provenientes de otras fuentes.ridades del Estado en sus tres niveles, como a los diversos actores de la sociedad.
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