Convocar a una autoridad federal en la materia, a una autoridad federal en aspectos financieros, a un académico especialista en el tema y a dos especialistas internacionales en salud. Se propone que los invitados discutan y analicen el alcance y contenido de las políticas públicas de salud, protección y seguridad social del país, y su articulación con un programa económico que impulse la competitividad y la creación de empleos más productivos.

La política de protección y seguridad social en México enfrenta una disyuntiva similar a la que enfrenta en la mayoría de los países de la región: avanzar por la ruta del fortalecimiento de la protección social, apostando a un sistema dual alrededor de una categorización “artificial” entre trabajadores formales e informales, o hacer un replanteamiento profundo del alcance y la naturaleza de la seguridad social, en términos de su diseño y de su financiamiento. La decisión tiene implicaciones que van más allá de la lucha contra la pobreza: afecta al cumplimiento de los objetivos de la política social, impacta la política fiscal y repercute en la productividad y el crecimiento.

Sin duda, cualquier análisis del sector de protección social en México tiene que considerar el papel y los resultados del Programa Oportunidades. Al finalizar 2005, Oportunidades ya cubría 5 millones de familias, prácticamente el universo completo de pobres extremos en el país, correspondiente a un cuarto de la población mexicana. La Coordinación Nacional de Oportunidades ha logrado mejoras sustanciales en varias áreas, entre otras, en los procesos administrativos y financieros de incorporación y de gestión del padrón de familias activas y en los mecanismos operativos a nivel central y en los estados.

Al completarse casi una década de ejecución de Oportunidades (anteriormente Progresa), ha sido considerado uno de los mejores programas en protección social a nivel mundial, pero hace parte de un sistema de protección y seguridad social históricamente fragmentado y dual. La dualidad del sistema alrededor de las categorías de trabajador formal (seguridad social) e informal (protección social) no es nueva, ni exclusiva de México. Lo que ocurrió en los años de la pasada administración es que la protección social se ha fortalecido con nuevas iniciativas como, por ejemplo, el Seguro Popular y el Mecanismo de Ahorro para el Retiro de Oportunidades, mientras que los temas de reforma de la seguridad social se han quedado estancados aún cuando el sector se encuentra en evidente crisis.

De manera paralela al esquema de protección social que fue eje de la política social de la pasada administración y a través del cual se canalizó la mayor parte de los recursos del sector salud, desde hace más de tres lustros se ha avanzado lentamente en un esquema de descentralización, a partir del cual, en términos reales se ha observado un incremento de las transferencias federales hacia los estados en este rubro, dentro del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, frente al avance que esto pudiera significar, en muchos casos no se garantiza que los criterios de asignación aseguren la eficiencia y la equidad, dada la opacidad y discrecionalidad que todavía caracterizan la distribución de los recursos, ni que, por otro lado, ello propicie una descentralización de recursos de estados a municipios.

Como producto de una política descentralizadora en el sector, en una primera instancia, las políticas de asignación habrían de tener un efecto positivo en cuanto a cerrar la brecha regional en esta materia, dirigiendo los recursos hacia regiones marginadas y sin acceso a los servicios de salud; sin embargo, esta línea habrá de conciliarse con un criterio que, en aras de eficiencia, otorgue también incentivos en las regiones donde la infraestructura instalada permite dar mayor cobertura.

Finalmente, los cuerpos públicos encargados de los servicios de salud y protección social, hasta la fecha, no han intentado nuevos esquemas de financiamiento para su operación. Parece ya indispensable la búsqueda de alternativas de organización, coordinación y cooperación con instancias más diversas. De esta manera, esquemas público privados y con nuevas opciones de recursos son los que deben darle fortaleza al sistema.